La reciente entrega de los primeros certificados de incentivos fiscales cinematográficos llevado a cabo por el Presidente de la República y entregados a los empresarios Felipe Vicini y David Collado en el Palacio Nacional, viene a sellar definitivamente los pasos dados hasta el momento como estímulo al desarrollo de la producción de cine en nuestro país.

El paso inicial en este camino de consolidación de un sector tan determinante para la inversión de capitales de factura local y extranjera  y la consecuente generación de empleos para los dominicanos se dio con la aprobación de la ley de cine No. 108-10, que fuera aprobado por el Congreso Dominicano en fecha 29 de julio del año 2010.

Un sinnúmero de cineastas, productores de películas y personas ligadas a este quehacer habían venido durante años impulsando  la aprobación de esta ley, entre los que destacan el propio Presidente Leonel Fernández, el Ministro de Cultura José Rafael Lantigua y Eddy Martínez M. desde el CEI-RD.

Los certificados fueron otorgados a las firmas Indomina por la realización de la película “The Truth” y a David Collado por la producción de “El Rey de Najayo”. La Ley de Cine 108-10 plantea en su Artículo 33 que pueden ser beneficiarios de los incentivos fiscales a la actividad cinematográfica en la República Dominicana, las personas físicas o jurídicas que administren, fomenten, promuevan o desarrollen películas cinematográficas y otras obras audiovisuales que cumplan con los requisitos establecidos por la propia ley.

El Director General de Cine Ellys Pérez destacó el gran potencial que tiene la República Dominicana en la Industria del Cine, garantizando que el país tiene un compromiso con ese sector y en consecuencia la Ley de Cine será cumplida a cabalidad, señalando que en apenas un año de trabajo que tiene funcionando la Dirección General de Cine las gestiones llevadas a cabo han permitido que grandes empresarios del cine mundial se interesen por venir al país.

Ahora que la República Dominicana con la serie de últimas películas producidas y rodadas localmente viene haciendo ingentes esfuerzos por recuperar el tiempo perdido al quedar rezagada por largos años en la importante industria de la cinematografía, es oportuno advertir sobre el auge de la piratería, la principal amenaza que sigue conspirando contra su buena marcha y sano desarrollo futuro.

Es sorprendente como la incipiente industria local ha encontrado soporte económico para llevar a cabo proyectos que aunque criticados por algunos “expertos” en el análisis y la evaluación de la filmografía universal, ha encontrado eco en la satisfacción manifestada por los noveles y masivos cineastas y cinéfilos que han asistido y siguen asistiendo a estas funciones.

Lo cierto es que la industria cinematográfica es una prospera maquinaria económica generadora de empleos y exportaciones en países alrededor del mundo, y los gobiernos deben continuar trabajando en la limitación del impacto de la piratería en las economías locales y la industria del cine. Porque en definitiva las películas son un producto valioso y una propiedad intelectual que debe ser protegida y respetada.

En materia del intercambio entre los agentes activos en la comercialización de los bienes y servicios ineludibles para la satisfacción de las necesidades de la población dominicana a todos los niveles, es mucho lo pendiente por  hacer “que nunca se ha hecho” para conciliar los diversos intereses que intervienen en esta dinámica económica.

En un país como el nuestro con un liderazgo indiscutible en cuanto al acceso a las mas sofisticas vías de comunicación virtual a través de la internet, no es de extrañar la preocupación mostrada por los directivos de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), ante el reporte generado por la firma Visa, en el sentido de que solo por vía de esa tarjeta de crédito se ha comprado online 737.7 millones de dólares, cifra que pudiera incrementarse a los 1,000 millones si se incluyera también las compras con las tarjetas Master Card y American Express.

La preocupación mostrada por esta organización se orienta en dos vertientes. Un sentido comercial y de interés particular y otro de carácter social cuando señala la posibilidad de que los importadores por esta vía hayan dejado de pagar impuestos, entre arancel e ITBIS, por un monto global ascendente a 265 millones de dólares.

Evidentemente el denominado” shopping” o compra y venta a través del mecanismo de la internet significa una acción competitiva frente a los establecimientos y organizaciones instalados en nuestro territorio, los cuales se ven en la obligación de cumplir cabalmente con las normas y las reglamentaciones que les imponen las leyes sobre la materia.

Si bien queda clara la posibilidad de que este intercambio comercial con empresas foráneas pudiera ser perjudicial para las empresas locales que venden artículos similares a los importados electrónicamente, por aquello del principio de la equidad en el trato desde los estamentos gubernamentales, no es menos cierto que estas operaciones también  involucran a empresas de Courier intermediarias que estan establecidas en el territorio nacional.

Lo cierto es que ya la compra por internet ha dejado de ser una tendencia  convirtiéndose en  una realidad comercial gestionada en los mercados globales de la actualidad, afectando de tal modo las operaciones de libre comercio tradicionales, que ya en el Ecuador se ha legislado para llevar el impuesto a la salida de divisas del 2% al 5% sobre el monto total de la operación.

Con la instalación del nuevo gobierno del Presidente electo Danilo Medina y la expectativa de la aplicación de una reforma tributaria integral como lo exige el sector empresarial y productivo de la nación, es oportuno tomar en cuenta  “hacer lo que nunca se ha hecho” en este sentido y ofrecer un trato de equidad en la aplicación de los aranceles y el Impuesto a la transferencia de bienes y servicios (ITBIS), a estas operaciones.

Comprar por internet es un indetenible estilo de vida de la modernidad, impuesta a las sociedades por los progresivos avances tecnológicos y las exigencias de un cada vez más amplio y profundo desarrollo de la  economía global.

El impulso a los esfuerzos dirigidos a colocar al país en condiciones de competir en los mercados internacionales del presente y el porvenir, es una tarea ineludible a cumplir por los estamentos oficiales y del sector productivo dominicanos, en tanto y cuanto la competitividad sea requisito sine-quanon para la sostenibilidad de los productos y los bienes a ser colocados en los mercados globales de consumo.

En consecuencia, es halagüeño el anuncio de que el Congreso Nacional aprobó el Proyecto de Ley del Sistema Dominicano de la Calidad, sometido por la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (Digenor), convirtiendo a esta entidad en el Instituto Dominicano para la Calidad.

Los países social y económicamente desarrollados están siendo progresivamente más exigentes con respecto a la defensa de la salud y el bienestar de sus ciudadanos, exigiendo para la importación a sus respectivos mercados, el cumplimiento de las normas y regulaciones adoptadas por los organismos acreditados  mediante convenios y tratados de libre comercio firmados por los gobiernos.

El valor del paso dado en este sentido tiene su sustento en la protección de los intereses del consumidor independientemente de donde se encuentre ubicado, al garantizar la seguridad, la calidad y la competitividad del sector productivo poniendo a su disposición la herramienta de la metrología para una mayor rentabilidad de sus negocios.

La reciente experiencia vivida por los productores de banano orgánico con el impedimento de entrada de su producto al mercado europeo, ante el alegato de que en las pruebas de certificación detectaron la presencia de material químico en la cáscara de la fruta, debe convertirse en el ultimo tropiezo de este género que sufran los esforzados productores agrícolas de nuestro país.

La creación del Instituto Dominicano para la Calidad será un pilar sobre el cual descansará el fortalecimiento de la capacidad competitiva de las empresas y las organizaciones de diversa índole, que en los últimos tiempos han venido adecuando sus estructuras productivas a las exigencias y estándares requeridos en el ámbito de la competencia en los mercados internacionales.

Con vista a un futuro más promisorio para la República Dominicana y sus 10 millones de consumidores, esta nueva entidad y la adecuación de los estamentos de producción nacional situados bajo el esquema de la Estrategia Nacional de Desarrollo y apoyados en el Plan Nacional de Competitividad Sistémica, servirán para alcanzar el objetivo de lograr una gestión exportadora de 20 mil millones de dólares a mediano plazo, como lo ha propuesto el Director del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, Eddy Martínez Manzueta.